Agencias. El Gobierno Nacional de Colombia indicó que avanza en la revisión de decretos y medidas fiscales extraordinarias para cerrar la brecha de financiamiento del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026. El análisis se da en un entorno de mayor presión sobre las finanzas públicas, derivada del incremento del salario mínimo y de compromisos estructurales de gasto que elevan el costo operativo del Estado.
Así lo confirmó el ministro de Hacienda, Germán Ávila, al señalar que una de las opciones en estudio es elevar la tarifa del IVA del 5 al 19 % para las bebidas alcohólicas distintas de la cerveza. La propuesta abarcaría aguardiente, ron, whisky, brandy, vodka, vinos y otras bebidas fermentadas, mientras que la cerveza quedaría excluida por su régimen tributario y su peso específico en el consumo masivo.
Desde la perspectiva fiscal, el Ministerio evalúa el impacto recaudatorio de la medida y su coherencia con la sostenibilidad de mediano plazo. En términos comerciales, el mercado colombiano de bebidas alcohólicas combina una producción local relevante —con denominaciones regionales como el aguardiente— y un componente importado significativo en categorías premium. Un ajuste del IVA podría modificar la estructura de precios, afectar márgenes y reconfigurar la demanda entre segmentos, con efectos diferenciados por elasticidad-precio.
Ávila explicó que el gobierno adelanta una auditoría de compromisos presupuestales vigentes y de rubros de alto impacto fiscal, con el objetivo de priorizar el gasto sin comprometer la prestación de servicios esenciales. En esa revisión figura la prima especial para congresistas, cuyo costo se analiza como parte del paquete de contención del gasto. La estrategia combina disciplina presupuestal con fortalecimiento de ingresos, ante la limitada holgura para cubrir obligaciones en 2026.
El ministro reiteró que el escenario exige decisiones estructurales. El aumento del salario mínimo, que impacta nóminas públicas, transferencias indexadas y contratos, eleva el gasto recurrente y estrecha el espacio fiscal. En ese contexto, los impuestos selectivos aparecen como una alternativa de rápida implementación.
El debate se intensifica tras el anuncio de un aumento del salario mínimo del 23%, defendido por el Ejecutivo como un mecanismo para proteger el poder adquisitivo frente a la inflación. No obstante, el mayor costo fiscal obliga a explorar nuevas fuentes de financiación, entre ellas gravámenes a juegos de azar y bebidas alcohólicas.
Organismos internacionales han documentado que los impuestos al alcohol pueden reducir el consumo nocivo y los costos sanitarios asociados, especialmente cuando los aumentos se trasladan a precios finales. Estudios de salud pública indican que incrementos sostenidos en precios tienden a disminuir la ingesta per cápita y la incidencia de enfermedades relacionadas, con beneficios en gasto en salud. Para la industria, el reto está en equilibrar objetivos de salud pública con estabilidad regulatoria y previsibilidad tributaria.
Un IVA más alto podría incidir en importaciones de vinos y destilados, afectando volúmenes y mix de productos, mientras que los productores locales evaluarían estrategias de portafolio y eficiencia para absorber parte del ajuste. La exclusión de la cerveza busca mitigar impactos en una categoría de alta penetración y cadena productiva amplia.
El gobierno no ha definido el calendario ni el alcance final de los decretos. Las decisiones se adoptarán en el marco de la emergencia económica y de la discusión del PGN 2026, con interlocución técnica con los sectores y énfasis en consistencia fiscal, impactos comerciales y evidencia científica.
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